Sobre el 2011

El primero de diciembre de 2006, bajo un excesivo cerco policiaco militar, en el recinto legislativo de  San Lázaro y con el consentimiento de Senadores y Diputados de todos los partidos políticos, tomó posesión de la Presidencia de la República, Felipe Calderón, mejor conocido en la etapa electoral como el “Presidente del Empleo”. En aquellos años de búsqueda de simpatía ciudadana, empresarial e incluso del imperio americano,[1]  el candidato de las manos limpias[2] no se cansaba de repetir que su gobierno estaría caracterizado entre otras cosas por la creación del empleo, el crecimiento económico, la seguridad, la austeridad y la atención a los grupos más vulnerables.

Desde aquel primero de diciembre fatídico para gran parte de la población mexicana, al día de hoy, han transcurrido cincuenta meses caracterizados por decisiones y acciones equivocadas, inmorales, excluyentes, sin sustento jurídico ni apoyo social y político, en este periodo, se ha corroborado lo que gran parte de la ciudadanía sabía desde el procesos electoral de 2006: la incapacidad de Calderón de tomar decisiones en beneficio de las mayorías; y la falta de decisión para revertir el contexto de entrega continua y permanente de los recursos nacionales a gobiernos y empresas extranjeras.

Uno de los agravios que más le ha pegado a la población mexicana y particularmente a la población de recursos más bajos,[3] es el aumento permanente a los productos de primera necesidad, productos de la canasta básica. Al realizar un seguimiento de los cincuenta meses en los que Calderón ha ocupado la Presidencia de la República, se identifica claramente que el doble discurso y la doble moral ha sido su característica peculiar.

La política laboral de la actual administración federal se ha caracterizado por responder a los intereses y demandas de una cada vez más activa (en cuestiones políticas) clase empresarial, la cual a través de su representante enquistado en la STPS ataca y elimina derechos laborales conquistados por épicas luchas de trabajadores y trabajadoras consientes de su posición de clase. Hoy en día en cambio se fomenta a toda costa la flexibilidad laboral, la cual mantiene en el desempleo a más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos y en el subempleo a más de tres millones de hombres y mujeres.

Por otro lado, la política económica es una de las mejores armas a través de la cual la Administración Federal ofende y embiste a la población. El más reciente agravio a los bolsillos de las y los trabajadoras materializado en el incremento a la tortilla y el segundo gasolinazo del año son la continuación de la serie de incrementos inmorales y sin control que afectan directamente la economía de las familias mexicanas.

Y mientras las mujeres y hombres mexicanos enfrentamos un contexto de carestía, inseguridad, violencia e incertidumbre, la clase política en su conjunto mantiene sus prebendas y beneficios personales y grupales. Basta ver los 32.6 millones de pesos anuales del presupuesto público que se destina para mantener a los ex presidentes,[4] así como el incrementos de canonjías  que diputados, senadores, jueces, órganos autónomos, entre otros, se autorizan.

El contexto actual en que se encuentra México requiere de una participación activa de la ciudadanía, necesitamos socializar la política a través de una incursión de mujeres y hombres con elevada probidad en los manejos del país, es necesario repensar a donde nos llevan las prácticas excluyentes que todos los institutos políticos llevan a cabo, necesitamos pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, necesitamos que la sociedad civil se posicione como un actor colectivo con fuerza, con ideas y con presencia.

Soc. Víctor Daniel García García

25/02/2011

 


[1] Con base en claves filtrados por Wikileaks al periódico La Jornada, Calderón tuvo que ser apuntalado por Estado Unidos en 2006 tras diagnosticarlo políticamente débil. “EU. Preocupado por la debilidad política de Felipe Calderón”, La Jornada 21 de febrero de 2011.

[2]  En su campaña electoral Calderón no tuvo empacho en reiterar en varias ocasiones que tenía las manos limpias, respecto a negocios turbios caracterizados por corrupción.  Hoy habría que preguntarle si sus manos siguen limpias después del baño de sangre que ha provocado en el país.

[3] De la cual se burla el Secretario de Hacienda y Crédito Público al mencionar que con seis mil pesos se puede pagar casa, coche y escuela.

[4] La nota periodística que describe los servicios que cada uno de los ex presidentes desde Echeverría hasta Fox menciona que los servicios de ayudantía y seguridad cuestan al país 32. Millones de pesos al año. Los servicios a ex presidentes cuestan al país 32.6 millones de pesos anuales. La Jornada, 17 de febrero de 2011.

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