El “interés público neoporfirista” frente al “interés público transformador”

CIUDAD DE MÉXICO, 01DICIEMBREBRE2021.- Ceremonia del «Mensaje a la Nación» por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a tres años de su toma de protesta. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, en México se instaló un modelo económico y un régimen político particular, con el cual, se desplegó una manera única de hacer política, la cual encaminó sus objetivos, acciones y decisiones a beneficiar a una élite política-económica en detrimento de los derechos de las mayorías. Con la implantación de dicho modelo, México pasó de ser uno de los países vanguardistas en términos de defensa y despliegue de derechos colectivos, a un país en donde se benefició a personas en lo particular, quienes, gracias al amparo del poder público, lograron generar grandes fortunas y privilegios.

El interés público, por ende, pasó a entenderse como el interés de unos cuantos, quienes gracias a su posición política o a su dominio económico, comenzaron a transformar e impactar radicalmente el acomodo histórico-jurídico que se había generado después de la revolución mexicana y particularmente posterior a la consolidación del régimen político de partido único. Para los gobiernos neoliberales, que tuvieron sus inicios en el sexenio que comenzó en 1982 y que se exacerbó y consolidó a partir de 1988, la narrativa comunitaria, social, y/o colectiva, debía dejar de ser impulsada, apoyada y apuntalada, en su lugar, debía colocarse una idea común en torno a la competitividad, la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el individualismo, la distinción y por supuesto la acumulación (sin importar la manera en la que se consiguiera); gracias a estas premisas de corte individualista, y que respondían a los intereses de las metrópolis en donde se habían formado quienes controlaban los niveles más altos de la estructura gubernamental, así como a una narrativa engañosa sobre lo obsoleto de la participación estatal en los asuntos públicos, se comenzaron a desmantelar instituciones de primera importancia qué, en décadas pasadas, fueron pilares para el desarrollo del país.

La afrenta colectiva que vivieron las grandes mayorías en México, se expresó de diferentes maneras e intensidades, y no hubo ningún área que no fuera impactada por esta reconversión ideológica impuesta a la fuerza por las élites neoporfiristas que controlaron el ámbito público de finales del siglo XX en México. Todo recurso natural, humano, educativo, económico e incluso simbólico, que generara ganancias, rentas, plusvalías, fue entregado, subastado, no tanto al mejor postor, sino a quienes tuvieran más cercanía con los tecnócratas, es decir, con aquellos funcionarios públicos formados y forjados en instituciones educativas extranjeras, capaces de olvidar y traicionar su origen social y adscripción nacional, en su beneficio, el de sus cercanos y por supuesto, en favor de las metrópolis que los impulsaban y apuntalaban.

Cualquier intento por oponerse y/o cuestionar lo inmoral de la actuación del modelo neoliberal, fue tachado en todo momento de ajeno al interés nacional y por lo mismo fue atacado desde todos los espacios posibles, piénsese los espacios de representación popular (espacios legislativos), las calles, los medios de des-información, las universidades y por supuesto, de manera directa por los cuerpos policiacos y represivos. No obstante lo anterior, y ante un avance en la consolidación de las premisas del individualismo económico, se mantuvo latente la esperanza de una transformación, de un cambio radical del modelo político-económico excluyente que precarizó ampliamente las condiciones de vida de las mayorías.

Gracias a este espíritu mesiánico que se mantuvo vivo, el cual en todo momento reivindicó lo colectivo como elemento fundante para la transformación, se pudieron  generar varios momentos de ruptura con el orden hegemónico impuesto desde las élites y a partir de esas experiencias colectivas claves para la liberación, se logró construir, instituir un orden político-económico diferente, transformador, que respondiera a los intereses de la mayorías, y que permitiera quitarles, a la gran mayoría de las élites y grupos de poder que se enquistaron en las agencias gubernamentales, el poder con el que enriquecieron y re-colonizaron nuestro país.

A partir del 01 de diciembre del 2018, se viene construyendo y cimentando a pasos agigantados un movimiento político pensado por y para el pueblo, entendido éste como el bloque social de los oprimidos; como actor colectivo, el pueblo sabe que tiene que defender su proyecto, sabe que su instrumento político de lucha tiene que ir de la mano con la propuesta política materializada en el gobierno, ya que la reacción, la oligarquía neoporfirista buscará en todo momento y en todo lugar truncar la transformación.

El cambio de régimen político se viene dando, si bien es cierto que aún prevalecen algunas prácticas del viejo régimen, principalmente llevadas a cabo por aquellos individuos neoliberales que lograron simular y mantenerse en sus puestos político-administrativo, las transformación se vienen observando, basta ver como los programas sociales ya tienen un rango constitucional, con lo cual, el Estado mexicano está obligado a asegurar recursos para satisfacerlos; o el programa de formación y atención a poblaciones juveniles, que en un año de vigencia posibilita que la persona joven no sólo reciba un apoyo económico, sino que obtenga una formación que le permitirá desarrollar sus trayectorias laborales a futuro; las becas del bienestar no se deben olvidar, con las cuales se ha apoyado a millones de infantes en condiciones de pobreza para mantenerse en las aulas; el presupuesto social se ha ido incrementando año tras año, el cual se diferencia de los presupuestos de corte neoliberal ya que se destina a atender a los grupos más necesitados y vulnerables; la creación de una banca social y ética es una acción poco observada, pero de una relevancia sustancial, ya que se busca desplegar el derecho a la inclusión financiera de grupos y colectivos ignorados por el modelo neoliberal, quienes fueron estigmatizados con una identidad asignada por el poder hegemónico como invisibles, desechables, por el hecho de ser pobres; la creación del Insabi es otro gran ejemplo de la marcha de la transformación, frente a un seguro popular que atendía a ciertos grupos en condición de vulnerabilidad, el Instituto de Salud para el Bienestar busca garantizar el acceso universal a servicios de salud a todas las personas que no cuenten con un modelo de seguridad social.

Podríamos seguir enlistando las acciones que permiten observar la manera en que se está desplegando un interés público transformador desde que esta administración federal llegó al poder, pero dado que ese no es el objetivo del texto, terminamos el mismo argumentando que frente a las características del régimen político neoporfirista, el actual régimen del bienestar está impactando y transformando positivamente sobre los tres elementos principales que componen cualquier  régimen político: las instituciones, las leyes y los valores colectivos.

Soc. Víctor Daniel García

La seguridad nacional y el interés público. El sexenio de la trasformación

La seguridad nacional en México ha sido interpretada de diferentes maneras, lo anterior derivado de los contextos en los que se ha utilizado, así como de los fenómenos sociales ante los que se quiere actuar, intervenir, o transformar. Ante propuestas conceptuales que entendían a la seguridad nacional a partir de supuestos belicistas, armamentistas y confrontativos que respondían a contextos postbelicos, a partir de la década de los años ochenta se comienza con una reconceptualización del término, con lo cual ahora la atención se pone en asuntos como la seguridad alimentaria, el narcotráfico, las migraciones, las hambrunas o el control de los recursos naturales.

Es importante mencionar que aun y cuando la reconceptualización del término orientaba su debate a repensar estrategias para atender las necesidades de las comunidades, en los hechos una razón de estado particular se imponía, es decir, prevalecían los intereses de una élite político-económica que controlaba el poder político y era sumisa ante el poder económico en detrimento de las mayorías de la población.

Considerar un tema como de seguridad nacional, tiene desde un punto de vista de intervención estratégica varias ventajas, entre las que destacan:

• Se le considerada con mayor relevancia y prioridad en las agendas de los tres niveles de gobierno.
• Se incrementa sustancialmente su presupuesto y los recursos varios destinados a su atención.
• Es retomado por varias instancias gubernamentales para abordarlo desde un enfoque multisectorial e interdisciplinario.
• Se justifican acciones y conductas que bajo otras condiciones serían cuestionables y reprochables.
• Legitima una acción política particular del gobierno en turno.

Así, cuando un gobierno recupera la noción reconceptualizada de seguridad nacional, lo hace para apelar a satisfacer la gran estrategia que impulsa en determinado momento histórico, para el caso que nos ocupa, al considerar los proyectos y obras del Gobierno de México como un tema de seguridad nacional, se busca que no haya ningún tipo de actor, acción, elemento o condición que impidan alcanzar dicha gran estrategia que se ha impuesto el actual gobierno.

Ahora bien, si bien es cierto que para terminar en tiempo los proyectos que impulsa la actual administración se requiere que estos sean considerados como prioritarios, se incremente su presupuesto, sean atendidos desde un enfoque multisectorial e interdisciplinario, lo preocupante es que bajo el manto de la idea de seguridad nacional, se lleven a cabo acciones gubernamentales que justifiquen un interés público en detrimento de derechos de grupos y colectivos particulares; específicamente me refiero a los ejercicios colectivos de defensa de derechos humanos a la tierra y territorio y a la autodeterminación que comunidades agrarias e indígenas vienen enarbolando desde que se plantearon dichos megaproyectos gubernamentales.

Lejos de entender de manera romántica el acuerdo promulgado por nuestro Presidente, como algunas plumas lo han hecho, deberíamos de ser objetivos y subrayar lo peligroso que se vuelve la utilización del término seguridad nacional para, de manera velada, acallar, controlar, invisibilizar, amenazar e incluso atentar contra luchas colectivas legitimas de pueblos y comunidades; si bien es cierto que la transformación del país requiere intervenciones públicas importantes en zonas que en décadas pasadas fueron completamente olvidadas, la instalación de megaproyectos en dichos espacios no debe imponerse de manera autocrática, sino que bajo el principio de “nada por la fuerza, todo por la razón”, se debe poner atención a las reivindicaciones de derechos que las poblaciones despojadas por años han colocado en las mesas de trabajo donde se discuten los impactos negativos de estos proyectos gubernamentales.

Soc. Víctor Daniel García García