Sobre la selección de candidato de MORENA al Estado de México

En México, sólo dos entidades de la república no han vivido una alternancia política; desde que el ejercicio del poder se dirime a través de elecciones pacíficas, ambos estados, por más de ochenta años han sido gobernados por el PRI (PNR y PMR por su anterior nombre). El trabajo político, legal e ilegal, que han realizado las élites que controlan el poder en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, les ha permitido, en el marco de los avances de pluralidad y transición política que se han vivido en el resto de estados del país, el mantenerse en el poder y por supuesto, manejar de manera discrecional los recursos públicos que les son asignados con lo cual han podido desplegar un proyecto político particular, que para el caso específico del Estado de México, ha estado enfocado más en beneficiar a los grupos políticos locales que controlan el partido otrora hegemónico y a empresas y consorcios transnacionales allegados a políticos particulares, todo lo anterior en detrimento de los más de 18 millones de ciudadanos mexiquenses.

En este marco, un primer ejercicio de análisis que resulta importante en el contexto de los prolegómenos de la elección a gobernador en el Estado de México programada para el año 2023, es observar la selección del candidato o candidata del partido-movimiento que a nivel local actualmente es oposición y que se muestra como el actor político con fuerza significativa para llevar al Estado de México, a enfrentar su primer proceso de transición política y al mismo tiempo posibilitar el despliegue de un proyecto político enfocado en beneficiar a la población más vulnerable, excluida e ignorada por el proyecto neoliberal implementado por el PRI a nivel local.

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) actualmente a nivel nacional y en menos de diez años de existencia, ha tenido un avance sustancial en términos de presencia política; para el caso particular del Estado de México, la selección del candidato o candidata es fundamental, ya que lo más probable es que se enfrente a un candidato de la alianza de la derecha mexicana, integrada por cuando menos tres de los partidos más reaccionarios que existen en el campo político nacional. Así, el proceso de la encuesta para la elección de candidato/a del MORENA es de una relevancia sustancia, por lo mismo resulta pertinente observar algunos hechos concretos que actualmente se están presentando.

Del total de precandidatos/as que buscan ser los seleccionados para representar al MORENA en la elección del 2023 en el Estado de México, destacan tres personas, quienes a lo largo de los años, han creado la famosa casta de políticos texcocanos, aunado a ellos están varios presidentes municipales con aspiraciones menores, y dos funcionarios a nivel gobierno Federal que sin lugar a dudas, son quienes, en los hechos, pudieran hacerle frente a los integrantes de la casta texcocana. En este escenario de confrontación interna por la candidatura del partido-movimiento con la fuerza para sacar al PRI del gobierno en el estado, resulta importante atender algunas preguntas, que podrían volverse temas detonadores del debate inicial:

1. ¿Por qué Higinio Martínez continuamente llama a la unidad de los Texcocanos?

Respuestas:

a) Es el político texcocano más débil y dada la paternidad que cree tener sobre el resto de texcocanos, los llama a alinearse a su proyecto.

b) Es un político de miras que no quiere dividir a la casta texcocana, al contrario quiere generar consensos con los grupos que existen al interior del partido en el Estado de México.

c) Es una instrucción dada por la dirigencia nacional, la cual, ya tiene al candidato/a seleccionada, pero requiere de momentos políticos que calienten y hagan ver una dinámica fuerte de pelea por la candidatura del partido.

2. Higinio Martínez argumenta que tiene fortaleza moral y autoridad política para coordinar los esfuerzos de transición política en el Estado de México.

Respuestas.

a) Acaso ya se le olvido los acuerdos que ha generado con el PRI en el Estado de México y que tanto le recuerdan los políticos más congruentes con la izquierda.

b) No se acuerda que estaba a favor de que se mantuviera la construcción del NAIM y por ende del proyecto de despojo, privatizaciones y exclusión que buscaba instalar el peñato en la zona del ahora, de nueva cuenta, lago de Texcoco.

En este mismo orden de ideas, es importante también que al analizar la posible candidatura de MORENA en el Estado de México, lo realicemos a partir de observar las diferencias estructurales de los liderazgos de la casta de políticos Texcocanos, que desde el punto de vista de quien escribe estas notas, son los más fuertes para conseguir los consensos necesarios y los apoyos requeridos en la encuesta próxima.

Diferencias horizontales:

1. Los tres texcocanos tienen posiciones políticas de primer nivel, las cuales les permiten manejar recursos de diferente tipo, así como tomar decisiones en sus campos de acción de impacto nacional, en este marco resulta pertinente preguntarse:

¿Quién utilizará con mayor intensidad los recursos con los que cuenta?

2. Los tres texcocanos han apuntalado sus posiciones políticas sobre la red política que ellos mismo crearon, esto ocasiona que dicha red se esté tratando de utilizar por los tres de diversa manera y en intensidad variada, en esta coyuntura, la pregunta que hay que hacernos es:

¿Quién jalará más simpatías de esa red política construida por ellos mismos?

Diferencias verticales.

1. Los tres texcocanos han ampliado y diversificado sus estructuras y apoyos. Aún y cuando hay una estructura común en términos geográficos, los apoyos a nivel estatal son cuantitativamente diferentes. Por ende, resulta enriquecedor preguntarse:

¿Quién ampliará en mayor medida sus estructuras y apoyos territoriales en el EdoMex?

2. Los tres texcocanos han generado apoyos y alianzas de actores y liderazgos de primera importancia a nivel gobierno y partido. Para resultar ser el seleccionado, habrá que interrogarnos:

¿Quién obtendrá más apoyos tanto desde el partido como desde los aparatos del gobierno para su candidatura?

3. Los tres texcocanos enfrentan inequidades políticas que seguramente impactaran en sus aspiraciones a la candidatura. Bajo esta premisa, la indagación tendría que girar en torno a:

¿Quién sabrá manejar de mejor manera dichas inequidades, para volverlas fortalezas a su favor en la nominación de la candidatura?

La selección de una persona que enarbolará la propuesta política de un partido político es fundamental para lograr las simpatías de la ciudadanía, no obstante y en el marco del proceso de elección de gobernador en el Estado de México, está selección para la izquierda, y para el MORENA, se vuelve aún más crucial, ya que la derecha en turno pondrá a competir a los mejores cuadros que tiene, a los mejores políticos que responden a sus intereses, quienes sólo podrán ser vencidos de manera pacífica en las urnas, con un liderazgo real y comprometido por las causas populares, por un candidato/o que pueda demostrar, en el marco de su actuación política, congruencia con el proyecto de izquierda y consecuencia con su pensamiento y acción, las reflexiones antes anotadas, nos permiten ir pensando en las cualidades que debería tener el político texcocano seleccionado para encabezar al partido-movimiento en el año 2023.

Soc. Víctor Daniel García García

El Banco del Bienestar y la integración financiera de “los nadie”

Desde que inició el actual gobierno federal, se han delineado un conjunto de acciones transformadoras de diversa índole y de una intensidad variada; el estilo particular de gobernar de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha puesto su atención principal en atender las demandas y necesidades que por años los gobiernos de corte neoliberal duro ignoraron, escondieron o simularon atender. De las acciones de transformación que más han sido observadas y destacadas tanto por los medios y por la sociedad en su conjunto, están sin lugar a dudas (1) los programas de bienestar, los cuales ahora tienen rango constitucional y son obligatorios para la estructura estatal; (2) el conjunto de apoyos que reciben las poblaciones juveniles para fortalecer sus itinerarios y trayectorias personales; (3) la creación de empleos a través de la inversión directa en proyectos de alto impacto en zonas qué, en décadas pasadas habían sido olvidadas completamente por las élites que controlaban el poder y que ahora son polos de desarrollo y crecimiento industrial; (4) o bien, el reconocimiento y despliegue de derechos de comunidades y pueblos indígenas, como se evidenció en la atención integral que ha recibido el pueblo Yaqui, colectivo indígena ampliamente discriminado y excluido por el régimen neoliberal; (5) la negación de nuevas concesiones mineras; (6) o la recuperación del control de la energía eléctrica y el manejo de la nación del litio, recurso natural estratégico para proyectos de primer nivel en este siglo XXI, no pueden pasar desapercibidos.

No obstante lo anterior, un tema poco analizado, compartido y discutido es el asunto de la apuesta que está haciendo el actual gobierno federal por impulsar una integración al sistema financiero, de aquellos colectivos que, cargados de una identidad asignada por el modelo neoliberal, nunca fueron considerados población objetivo para atenderlos por la estructura financiera, en cambio, bajo los parámetros impuestos por dicho modelo, se les consideró desechables, invisibles, innecesarios, en pocas palabras, eran “los nadie” para el sistema financiero capitalista, sistema para el cual era más redituable no atender a estos grupos poblacionales, que invertir en propuestas financieras para su integración.

Hoy en día las cosas han cambiado y aquellos grupos estigmatizados por el modelo neoliberal están ahora, como actores prioritarios en la agenda económica nacional; no sólo para recibir apoyos económicos directos, con lo que se palía medianamente la exclusión y discriminación de la que han sido objeto por años, sino también para ser considerados sujetos de primera importancia para acceder a todos los productos que oferta el sistema financiero mexicano. Como ejemplo fehaciente de lo anterior, está la meta que se ha puesto el gobierno federal de contar con 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, las cuales tendrán ubicaciones en todos los municipios del país, con lo cual se responde de manera contundente a las prácticas de discriminación financiera que enfrentaron pueblos y comunidades por años. Para conseguir lo anterior, hasta noviembre del año 2021 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había invertido 2,421 millones de pesos, presupuesto que no es el total de lo que se invertirá para contar con el total de sucursales. Hasta el momento (Dic2021), con base en datos periodísticos, de las 2,700 sucursales planeadas, se han concluido 1,090 (40%), están en proceso 485 (18%) y se proyectan para el próximo año 1,125 (42%).

En este marco, resulta pertinente y relevante remarcar algunas ideas en torno a la importancia que tiene integrar a “los nadie” al sistema financiero; el cual ahora no sólo tiene que pensar productos financieros para estos grupos poblacionales previamente excluidos y discriminados, sino también tiene que entender los contextos de geolocalización, la precariedad material y la ausencia de manejo de información financiera de dichos grupos al momento de ofrecer servicios financieros, los cuales si no toman en cuentan lo antes anotado, no serán ni pertinentes, ni atrayentes para los actores que están pensados.

Algunos aspectos a destacar en este tema son los siguientes:

• Se necesita ubicar perfectamente las necesidades en materia financiera de las poblaciones excluidas por los sistemas financieros neoliberales. Aquí se habla de los servicios y/o productos que requieren las comunidades y/o poblaciones previamente excluidas, es decir, no se debe llegar a imponer una agenda financiera, sino construirla a partir de los requerimientos, necesidades y coyunturas específicas.
• Hay que impulsar un enfoque integral e integrador en materia financiera de las poblaciones excluidas. Básicamente se habla de entender de manera amplia la integración, es decir, no sólo generar infraestructura -física y digital-, sino también comprender los contextos (desconocimiento del uso de la tecnología, ausencia de conocimiento en temas de educación financiera, poco arraigo de la práctica del ahorro en instituciones financieras, entre otras) en los que están insertos los grupos para los que está pensado el sistema que se despliega.
• Desarrollar pedagogías que integren a los oprimidos, a los nadie al sistema financiero nacional, principalmente el que impulsa el Gobierno Federal, ya que su criterio fundamental es la promoción y desarrollo de la banca social.

Soc. Víctor Daniel García García

Diciembre 2021

El “interés público neoporfirista” frente al “interés público transformador”

CIUDAD DE MÉXICO, 01DICIEMBREBRE2021.- Ceremonia del «Mensaje a la Nación» por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a tres años de su toma de protesta. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, en México se instaló un modelo económico y un régimen político particular, con el cual, se desplegó una manera única de hacer política, la cual encaminó sus objetivos, acciones y decisiones a beneficiar a una élite política-económica en detrimento de los derechos de las mayorías. Con la implantación de dicho modelo, México pasó de ser uno de los países vanguardistas en términos de defensa y despliegue de derechos colectivos, a un país en donde se benefició a personas en lo particular, quienes, gracias al amparo del poder público, lograron generar grandes fortunas y privilegios.

El interés público, por ende, pasó a entenderse como el interés de unos cuantos, quienes gracias a su posición política o a su dominio económico, comenzaron a transformar e impactar radicalmente el acomodo histórico-jurídico que se había generado después de la revolución mexicana y particularmente posterior a la consolidación del régimen político de partido único. Para los gobiernos neoliberales, que tuvieron sus inicios en el sexenio que comenzó en 1982 y que se exacerbó y consolidó a partir de 1988, la narrativa comunitaria, social, y/o colectiva, debía dejar de ser impulsada, apoyada y apuntalada, en su lugar, debía colocarse una idea común en torno a la competitividad, la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el individualismo, la distinción y por supuesto la acumulación (sin importar la manera en la que se consiguiera); gracias a estas premisas de corte individualista, y que respondían a los intereses de las metrópolis en donde se habían formado quienes controlaban los niveles más altos de la estructura gubernamental, así como a una narrativa engañosa sobre lo obsoleto de la participación estatal en los asuntos públicos, se comenzaron a desmantelar instituciones de primera importancia qué, en décadas pasadas, fueron pilares para el desarrollo del país.

La afrenta colectiva que vivieron las grandes mayorías en México, se expresó de diferentes maneras e intensidades, y no hubo ningún área que no fuera impactada por esta reconversión ideológica impuesta a la fuerza por las élites neoporfiristas que controlaron el ámbito público de finales del siglo XX en México. Todo recurso natural, humano, educativo, económico e incluso simbólico, que generara ganancias, rentas, plusvalías, fue entregado, subastado, no tanto al mejor postor, sino a quienes tuvieran más cercanía con los tecnócratas, es decir, con aquellos funcionarios públicos formados y forjados en instituciones educativas extranjeras, capaces de olvidar y traicionar su origen social y adscripción nacional, en su beneficio, el de sus cercanos y por supuesto, en favor de las metrópolis que los impulsaban y apuntalaban.

Cualquier intento por oponerse y/o cuestionar lo inmoral de la actuación del modelo neoliberal, fue tachado en todo momento de ajeno al interés nacional y por lo mismo fue atacado desde todos los espacios posibles, piénsese los espacios de representación popular (espacios legislativos), las calles, los medios de des-información, las universidades y por supuesto, de manera directa por los cuerpos policiacos y represivos. No obstante lo anterior, y ante un avance en la consolidación de las premisas del individualismo económico, se mantuvo latente la esperanza de una transformación, de un cambio radical del modelo político-económico excluyente que precarizó ampliamente las condiciones de vida de las mayorías.

Gracias a este espíritu mesiánico que se mantuvo vivo, el cual en todo momento reivindicó lo colectivo como elemento fundante para la transformación, se pudieron  generar varios momentos de ruptura con el orden hegemónico impuesto desde las élites y a partir de esas experiencias colectivas claves para la liberación, se logró construir, instituir un orden político-económico diferente, transformador, que respondiera a los intereses de la mayorías, y que permitiera quitarles, a la gran mayoría de las élites y grupos de poder que se enquistaron en las agencias gubernamentales, el poder con el que enriquecieron y re-colonizaron nuestro país.

A partir del 01 de diciembre del 2018, se viene construyendo y cimentando a pasos agigantados un movimiento político pensado por y para el pueblo, entendido éste como el bloque social de los oprimidos; como actor colectivo, el pueblo sabe que tiene que defender su proyecto, sabe que su instrumento político de lucha tiene que ir de la mano con la propuesta política materializada en el gobierno, ya que la reacción, la oligarquía neoporfirista buscará en todo momento y en todo lugar truncar la transformación.

El cambio de régimen político se viene dando, si bien es cierto que aún prevalecen algunas prácticas del viejo régimen, principalmente llevadas a cabo por aquellos individuos neoliberales que lograron simular y mantenerse en sus puestos político-administrativo, las transformación se vienen observando, basta ver como los programas sociales ya tienen un rango constitucional, con lo cual, el Estado mexicano está obligado a asegurar recursos para satisfacerlos; o el programa de formación y atención a poblaciones juveniles, que en un año de vigencia posibilita que la persona joven no sólo reciba un apoyo económico, sino que obtenga una formación que le permitirá desarrollar sus trayectorias laborales a futuro; las becas del bienestar no se deben olvidar, con las cuales se ha apoyado a millones de infantes en condiciones de pobreza para mantenerse en las aulas; el presupuesto social se ha ido incrementando año tras año, el cual se diferencia de los presupuestos de corte neoliberal ya que se destina a atender a los grupos más necesitados y vulnerables; la creación de una banca social y ética es una acción poco observada, pero de una relevancia sustancial, ya que se busca desplegar el derecho a la inclusión financiera de grupos y colectivos ignorados por el modelo neoliberal, quienes fueron estigmatizados con una identidad asignada por el poder hegemónico como invisibles, desechables, por el hecho de ser pobres; la creación del Insabi es otro gran ejemplo de la marcha de la transformación, frente a un seguro popular que atendía a ciertos grupos en condición de vulnerabilidad, el Instituto de Salud para el Bienestar busca garantizar el acceso universal a servicios de salud a todas las personas que no cuenten con un modelo de seguridad social.

Podríamos seguir enlistando las acciones que permiten observar la manera en que se está desplegando un interés público transformador desde que esta administración federal llegó al poder, pero dado que ese no es el objetivo del texto, terminamos el mismo argumentando que frente a las características del régimen político neoporfirista, el actual régimen del bienestar está impactando y transformando positivamente sobre los tres elementos principales que componen cualquier  régimen político: las instituciones, las leyes y los valores colectivos.

Soc. Víctor Daniel García

La seguridad nacional y el interés público. El sexenio de la trasformación

La seguridad nacional en México ha sido interpretada de diferentes maneras, lo anterior derivado de los contextos en los que se ha utilizado, así como de los fenómenos sociales ante los que se quiere actuar, intervenir, o transformar. Ante propuestas conceptuales que entendían a la seguridad nacional a partir de supuestos belicistas, armamentistas y confrontativos que respondían a contextos postbelicos, a partir de la década de los años ochenta se comienza con una reconceptualización del término, con lo cual ahora la atención se pone en asuntos como la seguridad alimentaria, el narcotráfico, las migraciones, las hambrunas o el control de los recursos naturales.

Es importante mencionar que aun y cuando la reconceptualización del término orientaba su debate a repensar estrategias para atender las necesidades de las comunidades, en los hechos una razón de estado particular se imponía, es decir, prevalecían los intereses de una élite político-económica que controlaba el poder político y era sumisa ante el poder económico en detrimento de las mayorías de la población.

Considerar un tema como de seguridad nacional, tiene desde un punto de vista de intervención estratégica varias ventajas, entre las que destacan:

• Se le considerada con mayor relevancia y prioridad en las agendas de los tres niveles de gobierno.
• Se incrementa sustancialmente su presupuesto y los recursos varios destinados a su atención.
• Es retomado por varias instancias gubernamentales para abordarlo desde un enfoque multisectorial e interdisciplinario.
• Se justifican acciones y conductas que bajo otras condiciones serían cuestionables y reprochables.
• Legitima una acción política particular del gobierno en turno.

Así, cuando un gobierno recupera la noción reconceptualizada de seguridad nacional, lo hace para apelar a satisfacer la gran estrategia que impulsa en determinado momento histórico, para el caso que nos ocupa, al considerar los proyectos y obras del Gobierno de México como un tema de seguridad nacional, se busca que no haya ningún tipo de actor, acción, elemento o condición que impidan alcanzar dicha gran estrategia que se ha impuesto el actual gobierno.

Ahora bien, si bien es cierto que para terminar en tiempo los proyectos que impulsa la actual administración se requiere que estos sean considerados como prioritarios, se incremente su presupuesto, sean atendidos desde un enfoque multisectorial e interdisciplinario, lo preocupante es que bajo el manto de la idea de seguridad nacional, se lleven a cabo acciones gubernamentales que justifiquen un interés público en detrimento de derechos de grupos y colectivos particulares; específicamente me refiero a los ejercicios colectivos de defensa de derechos humanos a la tierra y territorio y a la autodeterminación que comunidades agrarias e indígenas vienen enarbolando desde que se plantearon dichos megaproyectos gubernamentales.

Lejos de entender de manera romántica el acuerdo promulgado por nuestro Presidente, como algunas plumas lo han hecho, deberíamos de ser objetivos y subrayar lo peligroso que se vuelve la utilización del término seguridad nacional para, de manera velada, acallar, controlar, invisibilizar, amenazar e incluso atentar contra luchas colectivas legitimas de pueblos y comunidades; si bien es cierto que la transformación del país requiere intervenciones públicas importantes en zonas que en décadas pasadas fueron completamente olvidadas, la instalación de megaproyectos en dichos espacios no debe imponerse de manera autocrática, sino que bajo el principio de “nada por la fuerza, todo por la razón”, se debe poner atención a las reivindicaciones de derechos que las poblaciones despojadas por años han colocado en las mesas de trabajo donde se discuten los impactos negativos de estos proyectos gubernamentales.

Soc. Víctor Daniel García García

La selección de candidatos en morena. Un desafío de democracia interna

2021 es sin lugar a dudas un año de relevancia sustancial para México en términos políticos; están por cumplirse los primeros tres años de la legislatura federal constituida mayoritariamente por integrantes del movimiento de regeneración nacional (morena), se cumplirá, en el último mes del año, la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y de manera concurrente con la elección federal, se renovarán congresos estatales, así como alcaldías en diversos estados de la república.

Para enfrentar los asuntos de representatividad política a nivel nacional, estatal y municipal, el morena a través de sus órganos de dirección, ha estipulado un conjunto de procedimientos normativos para la selección de sus candidatos, que eventualmente podrían volverse representantes populares de un proyecto político qué, hasta donde se alcanza a visualizar, ha comenzado a desmantelar las estructuras objetivas y subjetivas sobre las que se apalancaba el modelo neoliberal en México.

En este marco de transformación incipiente y en desarrollo, la selección de candidatos del morena es fundamental y de primera importancia, debido a que serán estas personas, quienes podrán dar continuidad, afianzar y ampliar el proyecto de transformación, siempre y cuando, estén realmente comprometidas con la transformación del país y no utilicen a la estructura partidista del morena, como un simple medio para alcanzar fines  instrumentales, vacuos, e inmorales, lo cual, ya nos sucedió.

En una reflexión anterior se argumentaba que aquellas personas integrantes del morena que quieren reelegirse en la cámara baja deberían enfrentar un contundente examen evaluativo de sus aportes al proceso de transformación, ya que si no han tenido un desempeño relevante y sustancial en su marco de actuación, que impacte las estructuras anquilosadas del modelo neoliberal, debería permitir una rotación de militantes en el cargo.

A partir de estas reflexiones, se plantean algunas ideas en torno a los procedimientos normativos para la selección de candidatos que ha impulsado el morena con base a nuestro estatuto partidario:

• Las malas decisiones en torno a la “selección democrática” de candidatos que se han estado tomando pueden llevar a la quiebra del partido, a la quiebra del proyecto, a la quiebra de la transformación del país que se trata de construir (téngase presente que se están dando candidaturas a personajes que hace menos de un lustro defendían los postulados del modelo neoliberal).
• Las malas decisiones en la selección de candidatos es un asunto que internamente no ha logrado llevar la comisión nacional de elecciones, ya que se ha permitido que cualquier persona, de probidad cuestionable, llegue a las boletas electorales, cuestión que en lugar de generar unidad, este generando inconformidad creciente (téngase presente los candidatos de fama pública cuestionable que han sido elegidos para representar al partido en las próximas elecciones).
• El cálculo político instrumental que utilizan los traidores en el movimiento, insertos hasta en los mismos órganos de gobierno del morena, en el mediano plazo nos llevarán a que el proyecto neoliberal y los criterios antiéticos se instalen en nuestro partido (téngase presente que los grupos políticos no reconocidos, pero que existen al interior del partido, están utilizando la vieja cultura política priista para conseguir las candidaturas del morena).
• Las convocatorias que emitió el partido morena, permitiendo la participación de cualquier ciudadano, están enfocadas a tratar de controlar y minar el poder de los grupos locales y facciones internas del partido, que comenzaron a tergiversar, ignorar y socavar los principios establecidos en los estatutos (no hay que ser ingenuos y pensar que con esta propuesta las facciones internas no se repartirán los cargos, es sólo una estrategia para mostrar democracia en las internas del partido).
• La convocatoria emitida por el partido morena apela a la militancia y simpatizantes de la cuarta transformación a participar en el proceso de selección de candidatos, dicha convocatoria se caracteriza por promover la participación, la horizontalidad, la inclusión, la democracia, la distribución del poder, busca una rotación en los cargos, en términos generales e ideales, apuntala un tipo puro de selección de candidatos a través de una votación, no obstante, tal como se argumenta en el punto anterior, es muy probable que los acuerdos terminarán imponiéndose sobre la voluntad de la militancia y así, se mantengan las tendencias oligárquicas que imperan en otros institutos y en el sistema político mexicano (recuérdese la reflexión que aportó Michels sobre la ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos).

Como militante de la cuarta transformación, esperaría que con los procedimientos normativos de selección de candidatos impulsados por los órganos de gobierno del morena, se lograra minar el control de los grupos políticos que sí existen al interior del partido y con esto, se desterrara el dirigismo y la visión unidireccional de grupos específicos, lo cual se traduce en control sobre la militancia, la exclusión de voces y propuestas alternas y disidentes, así como los vicios en la selección de candidatos que limitan la rotación de los cargos y apuntalan una perpetuación del cargo-candidatura-poder, pero lo que se alcanza a vislumbrar no permite augurar de manera contundente que en el morena se alcance un proceso de selección de candidatos democrático, objetivo y sobresaliente.

Soc. Víctor Daniel García G

01032021

Sobre la reelección consecutiva de legisladores del morena en 2021

Las notas periodísticas de los últimos días de este 2020 han consignado qué, con base a la reforma político-electoral impulsada en el año 2014 donde se estableció la posibilidad de reelección legislativa[1], de 500 legisladores que integran actualmente la Cámara baja, 441 han mostrado su interés de reelegirse; en este marco, de 252 legisladores de la bancada del morena, 229 legisladores han mostrado su intención de reelegirse de manera consecutiva, cuestión que más allá de estar dentro de la legalidad, coloca un debate en torno a la legitimidad de la reelección, ya que el asunto no es tanto la elección de un legislador/a derivado del proceso electoral, ya que la búsqueda del voto se tendrá que conseguir en el espacio público, el asunto de fondo, desde mi punto de vista, es el debate al interior de los institutos políticos que debería darse, por las candidaturas, ya que en no pocos caso se presentarán viejas prácticas antidemocráticas y caciquiles por mantener y controlar los puestos de representación popular.

Para el caso particular del morena, la militancia debe estar a la altura para evitar que prácticas inmorales y vergonzosas como el dedazo, típicas del régimen prianista, no imperen en la designación de las candidaturas, y en cambio sea la militancia, tal como se establece en el Capítulo Quinto del estatuto, en un proceso transparente, incluyente y horizontal, quienes decidan sí una persona debe repetir en un puesto público de representación popular.

Para el caso del recinto legislativo, algunos de los aspectos que la militancia del morena debería evaluar para considerar un posible apoyo para la reelección de diputados/as son:

1.- Aportes personales presentados en tribuna para apuntalar la 4T (productividad parlamentaria).

Entre otros aspectos se podrían evaluar:

• Generación de propuestas propias que impacten sobre normatividades federales en beneficio de la sociedad mexicana.
• Presentación de propuestas de proyectos a nivel legislativo para conseguir recursos económicos en beneficio de la ciudadanía que representa.
• Fortalecimiento de la cultura democrática a partir de la ampliación del debate público impulsado desde la cámara baja.

2.- Contribuciones teórico-prácticas para apalancar la estrategia y la táctica política del partido (productividad partidaria).

• Entre otros aspectos que se podrían evaluar son:

• Impulso a la creación de cuadros políticos que apuntalen, acompañen y defiendan el proyecto político de la 4T.
• Acercamiento con sectores diversos locales, para conocer las necesidades inmediatas que tienen y transformarlas en proyectos de trabajo y propuestas legislativas de alcance nacional.
• Fortalecimiento de la cultura política de la militancia de morena en su distrito a partir de la ampliación del debate público a nivel local.

3.- congruencia de su acción política con los postulados del estatuto.

Entre otros aspectos que se podrían evaluar están:

• El estatuto de morena establece principios esenciales que deben seguirse, cumplirse y ampliarse; en este marco, habría que evaluarse aspectos de transparencia, rendición de cuentas, ética republicana, congruencia política (como el NO votar para que representantes del PRI, conduzcan la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados).
• Aún y cuando el estatuto no hace mención del asunto de la reelección, los postulados maderistas y de ética republicana sobre los que se ha basado la narrativa del morena y que son la esencia del partido deben ser observados, por lo mismo la aceptación de la no reelección debería ser una premisa que marque el accionar de la militancia en morena.
• La acción política de las personas con un cargo público debería encaminarse a construir puentes para abrir el espacio público a otras personas, en lugar de cerrar los caminos y enquistarse en los cargos públicos (la propia reelección).
• En términos generales, el interés de reelegirse de manera consecutiva transgrede lo estipulado en el estatuto del partido.

Estos tres aspectos generales podrían ser la base para avanzar en una evaluación mucho más amplia, fina y objetiva, que permita construir una herramienta pertinente para qué, más allá de intereses individuales y de grupo, se puedan definir, ya sean a favor o en contra, los procesos de reelección de los actuales diputados del morena, con lo cual aparte de la anuencia legal que ya se encuentra estipulada desde hace varios años, se atenderían aspectos de legitimidad política.

Soc. Víctor Daniel García G

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[1] No olvidar que dicha reforma político-electoral estableció que la reelección legislativa se podría llevar a cabo a partir de la elección del año 2021.

Apuntes sobre tipos de sociedad civil en México

Gracias a los amplios y bastos estudios sobre sociedad civil que existen para el contexto de nuestro país, actualmente hay un consenso en torno a que en México se observan dos formas a través de las cuales se organizan y se expresan las organizaciones de la sociedad civil (OSC): por un lado está la llamada sociedad civil liberal y por otro la sociedad civil contrahegemónica.

El desconocimiento de la fundamentación teórica, política, ideológica y de la praxis particular de cada una de las expresiones de sociedad civil, ocasiona confusiones y estigmatizaciones como la evidenciada el pasado viernes 28 de agosto por Jesús Ramírez, actual vocero de la Presidencia de México.

La sociedad civil liberal está constituida por aquellas organizaciones que tienen una relación directa y estrecha con la estructura totalitaria neoliberal, en este marco, sus acciones están enfocadas a mantener las prácticas de negación y alienación de la vida, lo que incluye, entre otras características, la discriminación, el patriarcado, la desigualdad, la colonialidad, la exclusión, el despojo, la acumulación por desposesión, el extractivismo, entre otras muchas prácticas que han caracterizado y mantenido al modelo neoliberal imperialista. Para este tipo de organizaciones el sujeto activo es el capital, por lo mismo llevan a cabo una serie de acciones y mediaciones para desactivar cualquier intento por negar las prácticas de negación de la vida que las caracteriza.

Por otro lado, la sociedad civil contrahegemónica está compuesta por aquellas organizaciones y movimientos sociales que están a favor y en defensa de la vida, el sujeto activo para estas organizaciones es el pueblo, el cual, al constituirse como sujeto crítico de la totalidad fetichizada y su negatividad, concentra una hiperpotentia para articularse en procesos políticos de cuestionamiento y rebelión contra el bloque hegemónico vigente y así construir un proyecto político alterno, basado en la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana, y de las categorías sustantivas que le dan fundamento y esencia a la vida como totalidad alterna.

Ubicar de manera adecuada esta diferenciación, permite entender el proyecto político que persiguen y que apuntalan cada uno de los tipos de sociedad civil que existen en México; por lo mismo, el estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y que construyen poder comunitario, a partir de sus fuentes de financiamiento, no sólo es desconocer la dificultad con la que trabajan y sobreviven las organizaciones y movimientos contrahegemónicos que han estado fortaleciendo al pueblo (entendido como colectivo histórico de los oprimidos) y su cultura popular alternativa, sino también, deslegitimar la capacidad de autogobierno y autonomía en la toma de decisión interna para ejercer sus recurso en aras de cumplir la misión para la cual está constituida la misma organización.

En este marco, poner en duda de manera ligera y mediática el trabajo que han llevado a cabo organizaciones de defensa del medio ambiente, de promoción y fortalecimiento de los derechos de pueblos indígenas, que documentan violaciones a derechos humanos en comunidades, coloca a quien realiza estos cuestionamientos más cerca de los postulados totalitarios fetichizados, que de aquellas posiciones que intentan construir proyectos políticos alternos basados en categorías como la solidaridad, la empatía, la igualdad y equidad comunitaria.

Soc. Víctor Daniel García G

Apuntes sobre el renovado estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles

12 de agosto 2020

En el año 2010, a propuesta del gobierno Calderonista, se llevó a cabo en nuestro país la Conferencia Mundial de Juventud México, la cual buscó ser un espacio para generar insumos que sirvieran de guía y de discusión para la Conferencia Mundial de Jóvenes auspiciada por la ONU, la cual se llevaría a cabo un año después, es decir, en el año 2011. En aquella Conferencia llevada a cabo en León Guanajuato, de la cual hay recuerdos encontrados derivados de la desorganización con la que se llevó a cabo, del perfil bajo de quienes participaron y por la intromisión de no pocos grupos conservadores, que ocasionaron un cuestionamiento fuerte al Gobierno Federal y a la instancia organizadora, el IMJUVE, por la poca seriedad y lo oneroso del evento, el cual ascendió, según datos de la instancia organizadora a $77,653,680[1].

Derivado de los trabajos llevados a cabo del 25 al 27 de agosto de 2010 por más de 300 delegados/as de 106 países, se identificaron 61 prioridades que los gobiernos debían atender en favor de las personas jóvenes, las cuales servirían para potenciar los itinerarios y las trayectorias de los sujetos juveniles en todos los ámbitos de acción. Como era de suponerse, para el caso de México los años pasaron, las administraciones se sucedieron y los avances en favor de las poblaciones juveniles se estancaron, se olvidaron, se diluyeron o definitivamente se cancelaron completamente. Las 61 prioridades, quedaron para un mejor tiempo.

En el contexto mexicano post-Conferencia Mundial de Juventud, las política públicas dirigidas a las poblaciones juveniles permanecieron intactas en su diseño, esto es, siguieron careciendo de enfoque de derechos humanos, de juventudes y de inclusión; en cambio, fueron pensadas bajo enfoques de amiguismo, clientelismo, manipulación y estigmatización (Rodríguez, 2014); las personas que las implementaban resultaban ser operadores políticos que coaccionaban la participación juvenil; sus resultados eran medidos a partir de campañas publicitarias onerosas y no a partir de indicadores de eficacia y eficiencia en torno al mejoramiento y bienestar de las poblaciones juveniles. Estos rasgos característicos de las políticas públicas juveniles  neoliberales agudizaron la violencia y la exclusión hacia la gente joven, ocasionando con esto un imaginario colectivo negativo[2] y un contexto estructural altamente riesgoso y peligroso para las generaciones jóvenes.

Aún y cuando los gobiernos en turno gastaban onerosas cantidades monetarias en campañas publicitarias, en concursos que lejos estaban de coadyuvar a generar contextos estructurales de desarrollo para las poblaciones juveniles, y en eventos de corte internacional para aparentar atención a los sujetos jóvenes, la realidad que enfrentaba dicha población etaria estuvo marcada por la omisión estructural de los tres niveles de gobierno; gracias a lo anterior, se vivieron experiencias aterradoras como la masacre de Villas de Salvárcar en el año 2010 en donde 15 jóvenes estudiantes fueron asesinados por ser confundidos como rivales de un grupo del crimen organizado en Ciudad Juárez Chihuahua, no hay que olvidar que a estos jóvenes estudiantes el gobierno calderonista los revictimizó llamándolos despectivamente “pandilleros”[3]; otro hecho que evidenció la desatención de los gobiernos en turno hacia las poblaciones juveniles, fue la ejecución extrajudicial que llevaron a cabo elementos del ejército nacional en contra de dos destacados jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey en el año 2010, los cuales de nueva cuenta fueron confundidos con integrantes del crimen organizado y a los cuales se les “sembraron” armas para aparentar un enfrentamiento con los cuerpos castrenses.

Para evidenciar fehacientemente el estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles, el primero de diciembre del año 2012 otro hecho deja ver que la administración federal entrante seguiría con las políticas públicas de mano dura y estigmatización de las expresiones críticas por parte de las poblaciones juveniles, aquel día se vivió una represión brutal en contra de cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes que se oponían a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, quien a través de sumas importantes de dinero, había “ganado” la elección presidencial. No hay que olvidar que en días previos a la fecha en comento, en la Ciudad de México se vivió un verdadero estado de sitio, en donde se utilizaron todos los recursos punitivos para apuntalar un tipo de régimen político cuestionado por una amplia franja de la población mexicana.

En el sexenio peñanietista, la desatención y represión hacia las poblaciones jóvenes no terminaría en el inicio de su gobierno, sino al contrario, se intensificaría a niveles similares a los vividos en la época de la guerra sucia, basta recordar la matanza de 22 civiles a manos de cuerpos castrenses en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; o la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en donde, de nueva cuentas, instituciones del estado mexicano estuvieron coludidas con expresiones locales del crimen organizado en el Estado de Guerrero; el sexenio de Peña también marcó un hito en cuanto al tema del feminicidio, en donde de nueva cuenta, fueron las mujeres jóvenes, quienes en mayor medida enfrentaron esta violencia por la falta de estrategia y políticas públicas dirigidas a prevenirla y atenderla.

El listado de hechos que vivieron las poblaciones juveniles posterior a la tan pregonada Conferencia Mundial de Juventud México, evidenció que dicha actividad vacua y onerosa lejos de servir para repensar el diseño e implementación de las políticas públicas juveniles, sólo fue una acción mediática aislada y de simulación que no contribuyó a fortalecer los itinerarios y trayectorias de los más de 30 millones de sujetos juveniles que habitan en México. El derramamiento de sangre de cientos de jóvenes, a los que algún presidente llamó “daños colaterales”, evidenció que en el modelo neoliberal la población etaria juvenil era prescindible, lo anterior se intensificaba dependiendo de la condición económica y racial de la persona joven; este contexto marcado por el derramamiento de sangre explícito e injustificado (Valencia, 2016), dio pie a la construcción del concepto de juvenicidio (Valenzuela, 2015), el cual hace referencia al contexto de vulnerabilidad económica y social que vive la población juvenil y que por ende precariza sus vidas al extremo de desaparecer sus libertades y sus vidas.

Por lo mismo, resulta oportuno revisar, aunque aún no termina este sexenio, una de las políticas gubernamentales que se está llevando a cabo por el actual gobierno federal, con miras a observar si es que hay una continuidad en torno a la manera de conceptualizar a las poblaciones juveniles y de “diseñar” políticas públicas juveniles, o si se alcanzan a mirar cambios en el diseño e implementación de los cursos de acción dirigidos a las y los jóvenes mexicanos.

Sin lugar a dudas la política pública juvenil por excelencia del actual gobierno es el denominado Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no obstante, del catálogo de políticas de gobierno que se han ido implementando en el actual sexenio, en algunas de las mismas, lo que se alcanza a apreciar es que los enfoques de juventudes y derechos humanos se van sumando de manera integral, sistemática y escalonada, con lo cual, se puede inferir que el estilo de gobernar hacía las poblaciones juveniles es completamente diferente.

Para el caso del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más allá de las cifras numéricas, que por sí mismas son destacables, se puede decir que es una política pública juvenil que sobresale por contener las “estructuras adecuadas” (Bendit, 1998) necesarias para incidir y modificar de manera positiva sobre las biografías de las poblaciones juveniles[4]. Como primer aspecto a destacar, hay que mencionar que actualmente la plataforma digital del programa, tiene registrados a 493,934 jóvenes de entre 18 a 29 años, de ese total, 287,351 son mujeres jóvenes, en tanto que 206,585 son hombres[5]. Con base en información de CONEVAL (2020) durante el primer año de operación, el Programa atendió a 1,120,543 jóvenes.

Otro aspecto a destacar es lo referente al monto económico que el Programa ha invertido de manera directa en las poblaciones juveniles: para el año 2019 el presupuesto fue de 23,915 millones de pesos, en tanto que para el 2020 el presupuesto aprobado para el programa fue de 24,956 millones de pesos (CONEVAL, 2020), esto, sin lugar a dudas, es un cambio sustancial en la manera de atender a las poblaciones juveniles, ya que en lugar de basar la intervención gubernamental sobre “concursos” y eventos onerosos, vacíos y superfluos, el recurso económico se ha invertido en proporcionar una beca económica de manera directa para capacitar a sujetos jóvenes y así fortalecer sus trayectorias laborales, las cuales pueden adoptar modalidades diversas en función de los itinerarios adquiridos previamente por los mismos sujetos juveniles (Casal, García, Rafael, & Miguel, 2006).

Otro aspecto destacable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es la diversidad de opciones que existen para la formación y/o adquisición de experiencia laboral de las poblaciones juveniles; con base a los itinerarios que las juventudes participantes han adquirido, se pueden insertar a sectores productivos diversos, tanto del ámbito público, privado y/o social, en diferentes niveles formativos, con lo cual no sólo se fortalecen las organizaciones en donde participan, sino que también adquieren amplia experiencia para el apuntalamiento de sus trayectorias laborales; como se puede observar, las estructuras adecuadas están perfectamente alineadas en favor de la política avanzada de juventud (Krauskopf, S/I) del actual gobierno, la cual entiende a las poblaciones juveniles como sujetos activos para el desarrollo de la sociedad.

El cambio de gestión en torno al estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles puede ser corroborado al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, ya que en el mismo documento rector de la administración federal se encuentran integrados (Balardini, 2000) varios programas dirigidos a las poblaciones juveniles, destacando, sin duda, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual refleja a final de cuentas, la importancia que tienen las poblaciones juveniles actualmente en México.

Para finalizar, es importante indicar que aún y cuando el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una serie de oportunidades de mejora que han sido observadas por el CONEVAL (2020), es destacable no sólo por el diseño mismo de la política pública, sino porque permite observar el concepto de juventudes que opera de base para el actual gobierno, esto es, para la actual administración, el estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles se basa en entenderlos como sujetos de derechos, como actores fundamentales para construir un país basado en la inclusión, el desarrollo integral y la igualdad, por lo mismo las políticas públicas dirigidas a este sector están pensadas con y desde las juventudes, ya que su fundamento político descansa en un régimen político democrático, este aspecto, a final de cuentas, las diferencia de los anteriores regímenes de corte conservador y autoritario, en donde las políticas eran pensadas para y por la juventud.

 

Víctor Daniel García

@g2vick

Bibliografía

Balardini, S. (2000). De los jóvenes, la juventud y las políticas de juventud. Última Década, 11-24.

Bendit, R. (1998). Juventud y políticas de juventu entre la sociedad civil y el Estado: la problemática de las estructuras adecuadas. En P. Hünermann, & M. Eckholt, La juventud latinoamericana en los procesos de globalización. Opción por los jóvenes (págs. 323-354). Buenos Aires: ICALA, FLACSO y EUDEBA.

Casal, J., García, M., Rafael, M., & Miguel, Q. (2006). Itinerarios y trayectoria. Una perspectiva de la transición de la escuela al trabajo. Trayectorias, 9-20.

CONEVAL. (2020). Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020. México: CONEVAL.

Krauskopf, D. (S/I). Desafíos en la construcción e implementación de las Políticas de Juventud en América Latina. S/I: Mimeo.

Rodríguez, E. (2014). Con P de Políticas de Juventud. México: Miguel Ángel Porrúa.

Valencia, S. (2016). Capitalismo Gore. México: PAIDÓS.

Valenzuela, J. M. (2015). Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. España: Ned Ediciones; ITESO; COLEF.

 

[1] Información proporcionada por la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano de la Juventud como respuesta a la solicitud de información 1131800002611 del 08/03/2011 hecha por el autor de este artículo.

[2] El estilo de gobernar neoliberal hacia las poblaciones juveniles los conceptualizaba como: delincuentes en potencia; faltos de experiencia; buenos para nada; daños colaterales; desinteresados en el futuro. Este imaginario colectivo difundido y construido por agencias estatales y medios de comunicación inmorales retiraba a la estructura gubernamental toda responsabilidad de las condiciones precarias objetivas e históricas en las que las poblaciones juveniles construían sus biografías.

[3] Sin lugar a dudas comparto las reflexiones y posicionamientos en torno a que el concepto de “pandillero” se ha utilizado de manera acrítica por las visiones gubernamentales más punitivas para castigar y vigilar expresiones particulares de grupos juveniles.

[4] Por estructuras adecuadas se entienden las sinergias, el diálogo, la corresponsabilidad, la concertación y la cooperación que se deben generar entre diferentes actores y sectores basados en una lógica de horizontalidad para el diseño e implementación de una política pública de juventud.

[5] Información recabada el 09 de agosto del 2020 de la plataforma digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Adultocentrismo hoy, ayer…. y ¿mañana también?

En días pasados, en un programa televisivo (La Hora de Opinar) donde comparten mesa dos personas que se dedican al análisis político (en este caso Denise Dresser y Gibrán Ramírez), se observó una muestra más de lo que desde la juvenología se ha denominado adultocentrismo, el cual, desde un primer acercamiento se puede entender como una práctica objetiva alimentada por una imagen cultural aceptada socialmente que deslegitima, desvaloriza y en casos extremos, desaparece las opiniones, propuestas y/o acciones de los grupos etarios juveniles a partir de una narrativa en donde se destaca la inexperiencia, el desconocimiento o la falta de pericia de alguna persona por su edad biológica.

Desde distintos francos, los estudios de juventudes han demostrado que el enfoque adultocentrico, que ha sido utilizado por diversas instituciones como la familia,  la escuela, y el mismo Estado, es esencialmente una estrategia para controlar, dirigir y vigilar de manera particular a las poblaciones juveniles, en este marco, no han sido pocas las acciones pensadas e implementadas por los mismo jóvenes agrupados en grupos, colectivos,  organizaciones o movimientos que han desnudado la esencia del adultocentrismo.

En relación a lo anterior, y dado que el tema ha vuelto a ponerse en la mesa del debate, sería importante observar, de manera panorámica y general, como opera el adultocentrismo en tres campos y aspectos de la vida social: las políticas públicas, los movimientos sociales y los medios de comunicación.

El campo de las políticas públicas de juventudes es uno de los mejores ejemplos en donde se puede observar y rastrear el enfoque adultocentrico. En términos generales, las políticas públicas objetivas, dirigidas a las poblaciones juveniles se han diseñado a partir un enfoque donde las y los jóvenes son considerados como “grupos de riesgo”, esto  fundamentalmente enfatiza la necesidad de “atender” bajo enfoques asistencialistas, normativos y medicalizantes a los sujetos jóvenes[1] con la intención de “allanar” el camino para el cambio social. Para este punto se recomienda revisar las investigaciones realizadas por Marcial (2012), Rossete (2017), García (2017) y Bendit (1998).

Otro campo que no ha sido suficientemente abordado en términos de documentar la prevalencia del enfoque adultocéntrico es el de los movimientos sociales. Por lo regular, quienes encabezan los desafíos organizativos en contra de instituciones estatales o agentes privados son personas adultas, quienes son secundadas por  amplias franjas de poblaciones juveniles que en el mejor de los casos, se muestran altamente activas en las acciones a las que se convoca pero son poco visibles en las mesas de negociación o en los procesos de toma de decisiones de los movimientos sociales. No obstante lo anterior, para quien escribe estas líneas no pasan desapercibidos los movimientos sociales juveniles que han aparecido en México los últimos años y, por otro lado, la capacidad que tiene dicha población etaria para reactivar y renovar movimientos sociales que por el largo tiempo que se han mantenido en lucha, han ido menguando su capacidad de interpelación ante agentes estatales y privados. Aún y cuando para el tema del adultocentrismo en los movimientos sociales no existe una amplia oferta de análisis, para el caso de la relevancia que tienen los movimientos sociales juveniles se recomienda revisar los textos de Galindo & González (2013), Castro et.al (2008) y Corte (Corte, 2015).

Por último, pongamos por caso el campo de los medios de comunicación, que es el campo en donde se reabrió la discusión en torno al adultocentrismo. Y aquí es importante no sólo poner atención a las descalificaciones que la analista Dresser objeto a su interlocutor, sino el aspecto estructural que se puede observar a simple vista en los medios de comunicación tradicionales-formales. En la mayoría de los mismos, ya sea de empresas privadas o de los pocos medios que existen de empresas públicas, quienes dirigen, comentan, conducen, analizan, reflexionan y construyen opinión pública son personas adultas, quienes no solamente mantienen un control de este tipo de medios, sino que también generan un tipo de opinión pública que estereotipa y construye imágenes, relatos y narrativas –algunas criminalizantes- de las prácticas juveniles. De nueva cuenta, para quien escribe estas líneas no pasa desapercibido que dado este contexto de exclusión desde los medios de comunicación tradicionales-formales, se han construido alternativas de comunicación, las cuales han logrado generar plataformas digitales innovadoras que atienden las necesidades de información que reclaman las poblaciones juveniles y que no son cubiertas por los medios tradicionales. Algunos textos interesantes para ampliar en esta idea son los de Vásquez (2013) y el de Urteaga (2011).

En resumen, las prácticas de adultocentrismo han estado presentes en toda la historia de intervención de las instituciones sobre las generaciones juveniles e infantiles y en gran parte de los movimientos sociales; en este marco, y en la actual coyuntura que se vive en el país, se requiere que quienes dirigen la transformación del régimen político mexicano entiendan y atiendan las recomendaciones y observaciones que desde los estudios de juventudes se han impulsado, es necesario no romantizar, estigmatizar, idealizar y homogeneizar a las poblaciones juveniles, su agenciamiento y reconocimiento sólo se conseguirá a partir de entender los mundos juveniles desde “sus propios términos”, esto es, atendiendo los aspectos más relevantes y los itinerarios más urgentes que demandan las poblaciones juveniles.

Víctor Daniel García García

Bibliografía

Bendit, R. (1998). Juventud y políticas de juventud entre la sociedad civil y el Estado: la problemática de las estructuras adecuadas. En P. Hünermann, & M. Eckholt, La juventud latinoamericana en los procesos de globalización. Opción por los jóvenes (págs. 323-354). Buenos Aires: ICALA, FLACSO y EUDEBA.

Castro, M., Rojas, G., & Ruiz, C. (2008). La juventud indígena en Chile: Expectativas y demandas. En M. L. Pérez, Jóvenes indígenas y globalización en América Latina (págs. 93-112). México: INAH.

Corte, V. (2015). Resistencias juveniles en escenarios locales. El caso del No al Dragado, en una ciudad puerto, Argentina. En A. Nateras, G. Medina, & M. Sepúlveda, Escrituras emergentes de las juventudes latinoamericanas (págs. 99-126). México: Gedisa S.A.

Galindo, J., & González, J. I. (2013). #Yo soy 132. La primera erupción visible. México: Global Talent University Press.

García-García, V. D. (2017). Evaluación de políticas públicas juveniles en tres municipios del Estado de México (2013-2015). Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 403-418.

Marcial, R. (2012). Políticas públicas de juventud en México: discursos, acciones e instituciones. Ixaya. Revista Universitaria de Desarrollo Social, 9-49.

Rossete, J. C. (2017). Políticas públicas para las juventudes rurales en México. Un abordaje desde la construcción social de población objetivo. México: Tesis de Maestría en Trabajo Social, ENTS – UNAM.

Urteaga, M. (2011). La construcción juvenil de la realidad. Jóvenes mexicanos contemporáneos. México: UAM-Juan Pablo Editores.

Vasquez, J. D. (2013). Adultocentrismo y discurso periodístico. Una representación de las personas jóvenes en la prensa de Costa Rica. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 91-97.

 

[1] Aquí es importante observar que en términos narrativos, las políticas públicas juveniles se presentan bajo un enfoque de agenciamiento juvenil, no obstante, en la práctica y en los hechos y resultados buscados, se atiende a enfoques normativos de control y vigilancia.

Desorden y fracaso, desde la visión neoliberal.

Sin lugar a dudas, la portada de la revista Proceso número 2192 es insidiosa y exagerada no por la fotografía que se expone en sí, sino por la frase utilizada en torno a un gobierno qué, en sentido estricto, aún ni empieza.

La lectura del artículo que da pie a dicha portada es interesante por varios|s aspectos

Primero: hay una crítica a la falta de cohesión, según Valadés, del grupo que AMLO ha designado para su gabinete, como de las personas representantes de MORENA en las Cámaras.

Para el casos de las Cámaras, este hecho sin lugar a dudas ya se había observado desde la designación de las candidaturas, se sabía que muchas personas que llegarían a posiciones en la Cámara de Diputados y Senadores no acompañarían en su totalidad el proyecto político de López Obrador, fundamentalmente porque responden a otros intereses, no obstante lo anterior, la mayoría de legisladoras/es en ambas Cámaras, acompañan, respaldan y se coordinan de manera adecuada con el próximo Presidente de la República, de hecho, las reformas que han presentado y que para el constitucionalista son propuestas erróneas, están encaminadas a modificar las relaciones de poder y los pactos inmorales que por años han sido los pilares sobre los que se mantuvieron los procesos de exclusión y discriminación que imperan aún, en el sistema político mexicano, son a final de cuentas las modificaciones institucionales a las que el mismo apuesta para acercarnos a una verdadera democracia, las cuales, por su condición de clase no logra observar, por lo mismo la posición de Valadés es errónea.

La otra apreciación que comparte en torno a que el equipo de personas designadas al próximo gabinete están desarticuladas y no hay coordinación, tampoco tiene, en los hechos, posibilidad de corroborarse. Sólo basta mirar algunas declaraciones y acciones de las mujeres y hombres que estarán desempeñando funciones de primer nivel en el gobierno Obradorista. Pongamos por ejemplo una: tanto Josefa Blanco, Javier Jiménez Espriú y Román Meyer Falcón, los tres, de diferentes maneras y en diferentes momentos, se pronunciaron en contra del megaproyecto del NAIM debido entre otras cosas, a las prácticas de corrupción y sobrecostos que implicaría terminar dicho proyecto. ¿acaso esta posición se contrapone a la propuesta de campaña de AMLO?, ¿será que la posición de estas futuras personas funcionarias no se apegan al programa político impulsado por Morena?;

 

Segundo: Desde el punto de vista de Valadés, en una verdadera democracia deben gobernar las instituciones políticas sólidas, las cuales den certeza, certidumbre y confianza, obviamente, la decisión que se tomó de cancelar el NAIM es una decisión tomada no a partir de instituciones políticas sólidas, sino a partir de la decisión de una persona que, desde su análisis, no está teniendo apoyos necesarios. Obviamente, para Valadés, la propuesta de fortalecer la estructura del Estado a través de la integración y participación de la ciudadana que permita la reivindicación de sus derechos ¿no abona a generar instituciones políticas sólidas? ¿acaso Valadés piensa que las instituciones políticas sólidas se pueden conseguir sin la integración de la opinión ciudadana a través de mecanismo democráticos republicanos?, por lo mismo, la posición de Valadés respecto al desconocimiento que está haciendo el próximo gobierno de instituciones fetichizadas es errónea, porque a final de cuentas él, es decir, Valadés responde a los intereses de esas instituciones atrofiadas

Tercero: Quizá el tema de la ausencia de un Proyecto Político sea la posición más descabellada que Valadés aporta en la entrevista realizada por Álvaro Delgado. A partir de lo documentado en la revista en comento, Valadés considera que es tiempo para que AMLO haga público su proyecto político, democrático e institucional. En este marco indico que esta postura es disparatada en función de que el proyecto político es el más conocido, el mas publicitado y el mas debatido, no sólo por opinólogos, académicos, militantes y por supuesto, pueblo en general, sino también porque el proyecto político en acción de AMLO, aún sin tomar posesión del poder, es lo que está causando tanta alharaca en representantes políticos (diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales) de los barones del dinero que antaño controlaban a través de testaferros el poder político en México y que por ende, imponían, sin ningún tipo de apertura, un proyecto político clasista, excluyente, antidemocrático e incluso suprainstitucional (ya que en muchas ocasiones las decisiones no se apegaban a lo estipulado por las instituciones que declaraban respetar.

En términos generales, creo que la portada de la revista proceso es insidiosa y exagerada no por la fotografía que se presenta, sino particularmente por la frase que se destaca “AMLO se aísla. El fantasma del fracaso”, la cual como se ha visto, está descontextualizada de cualquier observación empírica seria.

Víctor Daniel García G