12 de agosto 2020
En el año 2010, a propuesta del gobierno Calderonista, se llevó a cabo en nuestro país la Conferencia Mundial de Juventud México, la cual buscó ser un espacio para generar insumos que sirvieran de guía y de discusión para la Conferencia Mundial de Jóvenes auspiciada por la ONU, la cual se llevaría a cabo un año después, es decir, en el año 2011. En aquella Conferencia llevada a cabo en León Guanajuato, de la cual hay recuerdos encontrados derivados de la desorganización con la que se llevó a cabo, del perfil bajo de quienes participaron y por la intromisión de no pocos grupos conservadores, que ocasionaron un cuestionamiento fuerte al Gobierno Federal y a la instancia organizadora, el IMJUVE, por la poca seriedad y lo oneroso del evento, el cual ascendió, según datos de la instancia organizadora a $77,653,680[1].
Derivado de los trabajos llevados a cabo del 25 al 27 de agosto de 2010 por más de 300 delegados/as de 106 países, se identificaron 61 prioridades que los gobiernos debían atender en favor de las personas jóvenes, las cuales servirían para potenciar los itinerarios y las trayectorias de los sujetos juveniles en todos los ámbitos de acción. Como era de suponerse, para el caso de México los años pasaron, las administraciones se sucedieron y los avances en favor de las poblaciones juveniles se estancaron, se olvidaron, se diluyeron o definitivamente se cancelaron completamente. Las 61 prioridades, quedaron para un mejor tiempo.
En el contexto mexicano post-Conferencia Mundial de Juventud, las política públicas dirigidas a las poblaciones juveniles permanecieron intactas en su diseño, esto es, siguieron careciendo de enfoque de derechos humanos, de juventudes y de inclusión; en cambio, fueron pensadas bajo enfoques de amiguismo, clientelismo, manipulación y estigmatización (Rodríguez, 2014); las personas que las implementaban resultaban ser operadores políticos que coaccionaban la participación juvenil; sus resultados eran medidos a partir de campañas publicitarias onerosas y no a partir de indicadores de eficacia y eficiencia en torno al mejoramiento y bienestar de las poblaciones juveniles. Estos rasgos característicos de las políticas públicas juveniles neoliberales agudizaron la violencia y la exclusión hacia la gente joven, ocasionando con esto un imaginario colectivo negativo[2] y un contexto estructural altamente riesgoso y peligroso para las generaciones jóvenes.
Aún y cuando los gobiernos en turno gastaban onerosas cantidades monetarias en campañas publicitarias, en concursos que lejos estaban de coadyuvar a generar contextos estructurales de desarrollo para las poblaciones juveniles, y en eventos de corte internacional para aparentar atención a los sujetos jóvenes, la realidad que enfrentaba dicha población etaria estuvo marcada por la omisión estructural de los tres niveles de gobierno; gracias a lo anterior, se vivieron experiencias aterradoras como la masacre de Villas de Salvárcar en el año 2010 en donde 15 jóvenes estudiantes fueron asesinados por ser confundidos como rivales de un grupo del crimen organizado en Ciudad Juárez Chihuahua, no hay que olvidar que a estos jóvenes estudiantes el gobierno calderonista los revictimizó llamándolos despectivamente “pandilleros”[3]; otro hecho que evidenció la desatención de los gobiernos en turno hacia las poblaciones juveniles, fue la ejecución extrajudicial que llevaron a cabo elementos del ejército nacional en contra de dos destacados jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey en el año 2010, los cuales de nueva cuenta fueron confundidos con integrantes del crimen organizado y a los cuales se les “sembraron” armas para aparentar un enfrentamiento con los cuerpos castrenses.
Para evidenciar fehacientemente el estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles, el primero de diciembre del año 2012 otro hecho deja ver que la administración federal entrante seguiría con las políticas públicas de mano dura y estigmatización de las expresiones críticas por parte de las poblaciones juveniles, aquel día se vivió una represión brutal en contra de cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes que se oponían a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, quien a través de sumas importantes de dinero, había “ganado” la elección presidencial. No hay que olvidar que en días previos a la fecha en comento, en la Ciudad de México se vivió un verdadero estado de sitio, en donde se utilizaron todos los recursos punitivos para apuntalar un tipo de régimen político cuestionado por una amplia franja de la población mexicana.
En el sexenio peñanietista, la desatención y represión hacia las poblaciones jóvenes no terminaría en el inicio de su gobierno, sino al contrario, se intensificaría a niveles similares a los vividos en la época de la guerra sucia, basta recordar la matanza de 22 civiles a manos de cuerpos castrenses en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; o la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en donde, de nueva cuentas, instituciones del estado mexicano estuvieron coludidas con expresiones locales del crimen organizado en el Estado de Guerrero; el sexenio de Peña también marcó un hito en cuanto al tema del feminicidio, en donde de nueva cuenta, fueron las mujeres jóvenes, quienes en mayor medida enfrentaron esta violencia por la falta de estrategia y políticas públicas dirigidas a prevenirla y atenderla.
El listado de hechos que vivieron las poblaciones juveniles posterior a la tan pregonada Conferencia Mundial de Juventud México, evidenció que dicha actividad vacua y onerosa lejos de servir para repensar el diseño e implementación de las políticas públicas juveniles, sólo fue una acción mediática aislada y de simulación que no contribuyó a fortalecer los itinerarios y trayectorias de los más de 30 millones de sujetos juveniles que habitan en México. El derramamiento de sangre de cientos de jóvenes, a los que algún presidente llamó “daños colaterales”, evidenció que en el modelo neoliberal la población etaria juvenil era prescindible, lo anterior se intensificaba dependiendo de la condición económica y racial de la persona joven; este contexto marcado por el derramamiento de sangre explícito e injustificado (Valencia, 2016), dio pie a la construcción del concepto de juvenicidio (Valenzuela, 2015), el cual hace referencia al contexto de vulnerabilidad económica y social que vive la población juvenil y que por ende precariza sus vidas al extremo de desaparecer sus libertades y sus vidas.
Por lo mismo, resulta oportuno revisar, aunque aún no termina este sexenio, una de las políticas gubernamentales que se está llevando a cabo por el actual gobierno federal, con miras a observar si es que hay una continuidad en torno a la manera de conceptualizar a las poblaciones juveniles y de “diseñar” políticas públicas juveniles, o si se alcanzan a mirar cambios en el diseño e implementación de los cursos de acción dirigidos a las y los jóvenes mexicanos.
Sin lugar a dudas la política pública juvenil por excelencia del actual gobierno es el denominado Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no obstante, del catálogo de políticas de gobierno que se han ido implementando en el actual sexenio, en algunas de las mismas, lo que se alcanza a apreciar es que los enfoques de juventudes y derechos humanos se van sumando de manera integral, sistemática y escalonada, con lo cual, se puede inferir que el estilo de gobernar hacía las poblaciones juveniles es completamente diferente.
Para el caso del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más allá de las cifras numéricas, que por sí mismas son destacables, se puede decir que es una política pública juvenil que sobresale por contener las “estructuras adecuadas” (Bendit, 1998) necesarias para incidir y modificar de manera positiva sobre las biografías de las poblaciones juveniles[4]. Como primer aspecto a destacar, hay que mencionar que actualmente la plataforma digital del programa, tiene registrados a 493,934 jóvenes de entre 18 a 29 años, de ese total, 287,351 son mujeres jóvenes, en tanto que 206,585 son hombres[5]. Con base en información de CONEVAL (2020) durante el primer año de operación, el Programa atendió a 1,120,543 jóvenes.
Otro aspecto a destacar es lo referente al monto económico que el Programa ha invertido de manera directa en las poblaciones juveniles: para el año 2019 el presupuesto fue de 23,915 millones de pesos, en tanto que para el 2020 el presupuesto aprobado para el programa fue de 24,956 millones de pesos (CONEVAL, 2020), esto, sin lugar a dudas, es un cambio sustancial en la manera de atender a las poblaciones juveniles, ya que en lugar de basar la intervención gubernamental sobre “concursos” y eventos onerosos, vacíos y superfluos, el recurso económico se ha invertido en proporcionar una beca económica de manera directa para capacitar a sujetos jóvenes y así fortalecer sus trayectorias laborales, las cuales pueden adoptar modalidades diversas en función de los itinerarios adquiridos previamente por los mismos sujetos juveniles (Casal, García, Rafael, & Miguel, 2006).
Otro aspecto destacable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es la diversidad de opciones que existen para la formación y/o adquisición de experiencia laboral de las poblaciones juveniles; con base a los itinerarios que las juventudes participantes han adquirido, se pueden insertar a sectores productivos diversos, tanto del ámbito público, privado y/o social, en diferentes niveles formativos, con lo cual no sólo se fortalecen las organizaciones en donde participan, sino que también adquieren amplia experiencia para el apuntalamiento de sus trayectorias laborales; como se puede observar, las estructuras adecuadas están perfectamente alineadas en favor de la política avanzada de juventud (Krauskopf, S/I) del actual gobierno, la cual entiende a las poblaciones juveniles como sujetos activos para el desarrollo de la sociedad.
El cambio de gestión en torno al estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles puede ser corroborado al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, ya que en el mismo documento rector de la administración federal se encuentran integrados (Balardini, 2000) varios programas dirigidos a las poblaciones juveniles, destacando, sin duda, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual refleja a final de cuentas, la importancia que tienen las poblaciones juveniles actualmente en México.
Para finalizar, es importante indicar que aún y cuando el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una serie de oportunidades de mejora que han sido observadas por el CONEVAL (2020), es destacable no sólo por el diseño mismo de la política pública, sino porque permite observar el concepto de juventudes que opera de base para el actual gobierno, esto es, para la actual administración, el estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles se basa en entenderlos como sujetos de derechos, como actores fundamentales para construir un país basado en la inclusión, el desarrollo integral y la igualdad, por lo mismo las políticas públicas dirigidas a este sector están pensadas con y desde las juventudes, ya que su fundamento político descansa en un régimen político democrático, este aspecto, a final de cuentas, las diferencia de los anteriores regímenes de corte conservador y autoritario, en donde las políticas eran pensadas para y por la juventud.
Víctor Daniel García
@g2vick
Bibliografía
Balardini, S. (2000). De los jóvenes, la juventud y las políticas de juventud. Última Década, 11-24.
Bendit, R. (1998). Juventud y políticas de juventu entre la sociedad civil y el Estado: la problemática de las estructuras adecuadas. En P. Hünermann, & M. Eckholt, La juventud latinoamericana en los procesos de globalización. Opción por los jóvenes (págs. 323-354). Buenos Aires: ICALA, FLACSO y EUDEBA.
Casal, J., García, M., Rafael, M., & Miguel, Q. (2006). Itinerarios y trayectoria. Una perspectiva de la transición de la escuela al trabajo. Trayectorias, 9-20.
CONEVAL. (2020). Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020. México: CONEVAL.
Krauskopf, D. (S/I). Desafíos en la construcción e implementación de las Políticas de Juventud en América Latina. S/I: Mimeo.
Rodríguez, E. (2014). Con P de Políticas de Juventud. México: Miguel Ángel Porrúa.
Valencia, S. (2016). Capitalismo Gore. México: PAIDÓS.
Valenzuela, J. M. (2015). Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. España: Ned Ediciones; ITESO; COLEF.
[1] Información proporcionada por la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano de la Juventud como respuesta a la solicitud de información 1131800002611 del 08/03/2011 hecha por el autor de este artículo.
[2] El estilo de gobernar neoliberal hacia las poblaciones juveniles los conceptualizaba como: delincuentes en potencia; faltos de experiencia; buenos para nada; daños colaterales; desinteresados en el futuro. Este imaginario colectivo difundido y construido por agencias estatales y medios de comunicación inmorales retiraba a la estructura gubernamental toda responsabilidad de las condiciones precarias objetivas e históricas en las que las poblaciones juveniles construían sus biografías.
[3] Sin lugar a dudas comparto las reflexiones y posicionamientos en torno a que el concepto de “pandillero” se ha utilizado de manera acrítica por las visiones gubernamentales más punitivas para castigar y vigilar expresiones particulares de grupos juveniles.
[4] Por estructuras adecuadas se entienden las sinergias, el diálogo, la corresponsabilidad, la concertación y la cooperación que se deben generar entre diferentes actores y sectores basados en una lógica de horizontalidad para el diseño e implementación de una política pública de juventud.
[5] Información recabada el 09 de agosto del 2020 de la plataforma digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
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